The following is a Spanish version of the August 19 blog post, Legal Immigrants and Health Care Reform.
¿Por qué debería incluir a los inmigrantes legales cualquier plan que emerja del actual debate sobre la reforma del sistema de salud? La respuesta debería ser obvia: los inmigrantes documentados son residentes legales, y en muchos casos permanentes, en los Estados Unidos. Trabajan —con autorización del gobierno— y pagan impuestos al igual que hacen los ciudadanos, así que deberían poder acceder beneficios federales que garantizan la defensa de derechos humanos fundamentales.
El asunto que se discute tiene que ver con si los inmigrantes documentados tendrán que continuar esperando cinco años antes de poder ser elegibles para Medicaid, lo cual es ley actualmente, y si esta prohibición debería extenderse a inmigrantes legales que gozan de mayores ingresos económicos y que, de no existir esta prohibición, serían elegibles para recibir subsidios que les ayuden a comprar seguro médico.
Los que se oponen a la inclusión de los inmigrantes legales dicen que cualquier plan debe incluir sólo a los ciudadanos estadounidenses. También sugieren que el costo de incluir a los inmigrantes legales sería prohibitivo. La verdad es que los números no dan soporte a tales afirmaciones.
Según la fundación no partidista Kaiser Foundation, los no ciudadanos tienen menor acceso a servicios médicos y reciben menor atención médica primaria que los ciudadanos estadounidenses pero también son menos dados a usar los servicios de urgencia. Un artículo del pasado mes de julio (2009) en la revista médica American Journal of Public Health apoya estas otras afirmaciones.
Según el Immigration Policy Center (Centro de Política Inmigratoria), un inmigrante promedio utiliza menos de la mitad de la cantidad en dólares de servicios primarios de salud que lo que usa un ciudadano estadounidense nativo medio. Esto se debe a que los inmigrantes son normalmente más jóvenes, saludables y menos inclinados al uso de servicios médicos, y también al hecho de que el 78% de las personas no ancianas sin seguro médico en Estados Unidos son ciudadanos americanos.
Aquellos que se oponen a la inclusión automática de residentes permanentes y otros inmigrantes legales deberían hacer números de nuevo. Cuando los costos de salud se distribuyen entre un mayor número de personas, que además en este caso tienden a usar menos estos servicios, el coste por persona disminuye para todos.
Este mismo año se aprobó una ley que permite a mujeres embarazadas y niños que son inmigrantes legales acceder a los beneficios del programa State Children’s Health Insurance Program, conocido como SCHIP por sus siglas en inglés. Todas las mujeres embarazadas y los niños, independientemente de su estatus migratorio, deberían recibir cobertura médica para asegurar, en la medida de lo posible, que los bebés nazcan saludables y que los niños reciben chequeos médicos y vacunas con regularidad.
Los inmigrantes legales pagan impuestos, así que deberían poder acceder a los beneficios como cualquier otro contribuyente.
Estados Unidos reconoció que la atención médica es un derecho humano universal cuando firmó a la Declaración Universal de los Derechos Humanos del 10 de diciembre de 1948 (véase artículo 25). Nuestro país tiene, sin embargo, un record más que dudoso en la defensa de este derecho para su población. Cuarenta y siete millones de personas sin seguro médico son un poderoso testigo en contra nuestra.
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